La Contraloría General del Estado notificó el inicio de una auditoría especial a la Corte Constitucional (CC), enfocada en la administración del talento humano y el pago de nómina durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2025.
La notificación, emitida el 15 de agosto por la Dirección de Auditoría de Administración Central, fue remitida al presidente de la Corte, Jhoel Escudero Soliz. El objetivo de este examen es verificar la legalidad y transparencia de la gestión de personal, así como la correcta aplicación de recursos públicos destinados a remuneraciones.
Contexto político y tensiones institucionales
El anuncio llega en medio de una etapa de fuertes tensiones entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional. El Ejecutivo había ordenado el desalojo del edificio donde operan los nueve jueces, aunque posteriormente se dejó sin efecto esa medida.
Este episodio coincide con el trámite de demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno y con el análisis de una propuesta de enmienda constitucional que, entre otras disposiciones, podría habilitar juicios políticos contra los magistrados.
Alcance del examen de la Contraloría
La auditoría abarca 17 puntos de control, entre ellos:
- Procesos de nombramientos, concursos de méritos y oposición.
- Informes sobre contrataciones, desvinculaciones y jubilaciones.
- Escalas salariales y registros de remuneraciones.
- Información sobre el proceso de designación de magistrados.
En la actualidad, la Corte Constitucional cuenta con 283 funcionarios y, en 2024, su presupuesto alcanzó los 10,7 millones de dólares.
Un clima de presión
Desde inicios de agosto, la Corte Constitucional enfrenta una campaña política y mediática de descrédito, impulsada por sectores afines al Gobierno. En Quito se desplegaron pancartas y vallas que señalaban a los jueces como responsables de la violencia criminal, mientras que el propio presidente convocó a una marcha de rechazo el 12 de agosto, con la participación de militantes de su movimiento.
La Contraloría sostiene que su labor busca únicamente garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, aunque el contexto político mantiene el caso bajo un especial nivel de observación ciudadana.
