La Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves el proyecto de Ley de Transparencia Social, impulsado por el Ejecutivo con carácter económico urgente. La iniciativa se aprobó con 78 votos a favor, un resultado menor al alcanzado por las tres leyes urgentes anteriores, que habían superado los 82 respaldos.
El apoyo decisivo provino de un grupo heterogéneo: tres legisladores de Pachakutik, cinco exmilitantes de la Revolución Ciudadana (RC) y algunos independientes. Entre los votos afirmativos estuvieron los de José Nango, José Nantipia y Edmundo Cerda (PK), junto con los excorreístas Mónica Salazar, Sergio Peña, Jhajaira Urresta, David Arias y Carlos Vargas, además de los independientes Edwin Jarrín y Pablo Jurado.
Un nuevo marco para las organizaciones sociales
La normativa establece un esquema de regulación y control para las organizaciones sin fines de lucro, con énfasis en la transparencia financiera, obligaciones tributarias y rendición de cuentas. Según explicó la legisladora Mishel Mancheno (ADN), la propuesta busca “prevenir y detectar flujos irregulares de capitales” y garantizar un marco de integridad institucional.
La ley introduce mecanismos como la clasificación de organizaciones según riesgo (alto, medio o bajo), sistemas de cumplimiento para prevenir corrupción, incentivos para quienes adopten buenas prácticas y medidas de control a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Críticas de la oposición
Los bloques de Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC) rechazaron el proyecto por considerarlo inconstitucional. Señalaron que se vulnera la unidad de materia y que ciertos artículos afectan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) denunció que la norma “licúa las deudas de empresas públicas en liquidación con el IESS”, lo que, a su criterio, viola el artículo 372 de la Constitución.
Por su parte, Viviana Veloz (RC) sostuvo que el texto protege a funcionarios del actual gobierno y sus familiares, blindándolos de auditorías o revisiones tributarias: “Se pretende institucionalizar la impunidad de los poderosos del país, y eso no es transparencia”, afirmó.
Medidas tributarias y extractivas
El proyecto también incorpora reformas en materia tributaria y minera. Entre ellas, el cobro anticipado sobre utilidades no distribuidas con tarifas progresivas, condonaciones de multas e intereses para deudores de empresas públicas en liquidación, así como ajustes en la Ley de Minería respecto a plazos de exploración y caducidad de concesiones por incumplimientos económicos.
Un camino con cuestionamientos
La propia bancada oficialista reconoció que la norma podría enfrentar demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Pese a ello, Mancheno defendió el texto al asegurar que no crea nuevos impuestos, sino que busca ordenar los flujos financieros y cerrar espacios para el uso irregular de organizaciones sociales.
La votación ajustada y las críticas anticipan que la Ley de Transparencia Social será objeto de un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.
