En el segundo día de protestas por la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno informó que hay personas detenidas en la provincia de Carchi, además de denuncias presentadas por el cierre de carreteras que paralizan servicios públicos. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, anunció estas medidas este martes 16 de septiembre, al referirse a los bloqueos ocurridos en diferentes puntos del país.
¿Qué dicen las autoridades?
Rovira comentó que los detenidos forman parte de quienes lideraron o coordinan los cierres de vías y actos que interrumpen servicios esenciales. Afirmó que ya se han presentado denuncias en la Fiscalía y que se procederá legalmente contra “cabecillas” que, según el Gobierno, estarían organizando estas acciones.
Respecto al estado de excepción declarado por el presidente Daniel Noboa, la ministra explicó que esta herramienta permitirá actuar con mayor rapidez en las provincias afectadas, entre las que figura Carchi.
Lo que se sabe de los bloqueos y protestas
- En Carchi, varias vías han sido bloqueadas por transportistas en rechazo al alza del precio del diésel.
- Uno de los incidentes más señalados ocurrió porque manifestantes impidieron el paso de una ambulancia con una persona en estado grave. La ministra calificó ese hecho como delito.
- En otros puntos, como la carretera Panamericana Norte (San Miguel del Común) y E-35 en varios tramos de Carchi, los cierres han durado varias horas, y fuerzas de seguridad han intervenido para despejar vías.
Denuncias, consecuencias legales y reacciones sociales
El Gobierno asegura que los cierres de vías constituyen actos delictivos cuando paralizan servicios públicos o afectan urgencias médicas. Rovira señaló que ya se han identificado personas vinculadas con la organización de las protestas, a quienes se hará seguimiento judicial.
Transportistas y gremios sociales sostienen que las protestas son una reacción al costo creciente del diésel, que pasó de US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón, medida vigente desde el sábado 13 de septiembre. Consideran insuficientes las compensaciones propuestas por el gobierno y demandan diálogo y atención inmediata para evitar daño económico al sector.
Estado de excepción y ámbito de aplicación
El estado de excepción decretado por el presidente Noboa rige desde el martes 16 de septiembre en siete provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Tiene duración inicial de sesenta días, por la causal de “grave conmoción interna”.
Esta declaratoria incorpora medidas especiales que permiten al Estado intervenir más rápidamente en los territorios, inclusive con uso de fuerzas de orden público para despejar vías y restablecer el paso vehicular.
Balance y perspectivas
Las protestas han generado interrupciones en el transporte, demoras en cadenas de suministro y tensiones sociales, aunque hasta ahora no hay reportes generalizados de enfrentamientos violentos. El Ejecutivo insiste en que el subsidio al diésel debía eliminarse por su alto costo fiscal y por los abusos detectados en su uso.
En los próximos días se espera que las denuncias formuladas avance en la fiscalía, que se determinen responsables y posibles sanciones, y que las medidas de compensación para transportistas y poblaciones vulnerables sean efectivamente aplicadas.
