La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha tomado una postura clara de cara a la segunda vuelta presidencial del 2025. En una reunión llevada a cabo el 7 de marzo en su sede de Quito, la organización definió su posición frente a los candidatos Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (Revolución Ciudadana), sin brindar apoyo explícito a ninguno de ellos.
La postura de la Conaie en la segunda vuelta electoral
El encuentro reunió a los presidentes de 53 organizaciones representativas de las 18 nacionalidades indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, fue el encargado de anunciar las resoluciones tomadas durante el cónclave.
«Somos una organización de izquierda que lucha contra el capitalismo, el racismo, el neoliberalismo y el fascismo. Jamás hemos apoyado a la derecha», enfatizó Iza.
Además, denunció intentos del Gobierno Nacional de dividir el movimiento indígena mediante «operadores políticos», sin especificar nombres.
Rechazo a la Asamblea Constituyente y la minería a gran escala
Uno de los puntos más contundentes de la declaración de la Conaie fue su total rechazo a la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por Daniel Noboa y respaldada también por Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana.
La organización indígena también expresó su oposición a la expansión de la minería a gran escala y a la adjudicación del campo petrolero Sacha a un consorcio privado, señalando que estas decisiones afectan gravemente los territorios y comunidades indígenas.
Asamblea plurinacional para definir acciones
Como siguiente paso, la Conaie anunció que convocará una gran asamblea plurinacional junto con otros sectores sociales para debatir estrategias y definir acciones frente a la segunda vuelta electoral. Este encuentro está programado para el 12 de marzo en Quito y buscará establecer una postura firme ante las propuestas de los candidatos y la adjudicación del campo Sacha.
Con esta decisión, la Conaie reafirma su posición crítica y su papel activo en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, exigiendo cambios estructurales en las políticas del próximo gobierno.
