El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la destitución de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por cometer una infracción electoral muy grave. La decisión, tomada el 31 de enero de 2025, afecta a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Vielka Párraga, quienes además deberán pagar una multa y enfrentar la suspensión de sus derechos políticos.
Detalles de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral
El pleno del TCE resolvió con cuatro votos a favor y uno en contra ratificar la sanción que incluye tres componentes principales:
- Destitución inmediata de sus cargos en el CPCCS
- Multa de 70 salarios básicos, equivalente a $31.500
- Suspensión de derechos políticos por cuatro años
Los jueces Guillermo Ortega Caicedo (ponente), Ivonne Coloma Peralta, Joaquín Viteri Llanga y Ana Abril Olivo votaron a favor de la sanción, mientras que Richard González Dávila emitió un voto salvado.
Origen de la denuncia y bases legales
La sanción responde a una denuncia presentada por los activistas Pamela Troya y Santiago Bechdach contra los miembros de la denominada ‘liga azul para salvar la patria’. Los denunciados recibieron el auspicio del expresidente Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana (RC) durante la campaña electoral de febrero 2023, violando disposiciones constitucionales y legales.
Fundamentos jurídicos de la sanción
La decisión se fundamenta en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia, que considera como infracción muy grave «incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral». Esta sentencia ratifica el fallo de primera instancia emitido por el juez Fernando Muñoz en septiembre de 2024.
Implicaciones y consecuencias adicionales
Los jueces determinaron que los sancionados no garantizaron la neutralidad requerida para su cargo, especialmente considerando su rol en la elección de autoridades de control. Adicionalmente, el expediente fue remitido al Consejo de la Judicatura para investigar a los abogados defensores por presunta dilatación del proceso mediante recursos como la recusación de magistrados.