Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte de Justicia del Guayas e implicada en el caso Metástasis, enfrenta una situación legal que ha generado interrogantes. Para completar su sentencia de un año y tres meses en el Centro de Privación de Libertad de Ambato, se le exige el pago de $22.860 antes del 14 de marzo. Sin embargo, ¿es realmente necesario este pago para obtener su libertad?
¿El pago es obligatorio para recuperar la libertad?
De acuerdo con el abogado penalista Pablo Encalada, el pago de la indemnización no es un requisito para la excarcelación, ya que la deuda es con el Estado y este tiene mecanismos legales para cobrarla.
«La Constitución prohíbe la prisión por deudas, por lo que no puede ser un obstáculo para recuperar la libertad», explicó el jurista.
A pesar de ello, Salazar ha manifestado su intención de cumplir con los pagos y ha solicitado ayuda a sus allegados para reunir los fondos.
Los montos que debe pagar Mayra Salazar
El total adeudado se desglosa en tres rubros:
- Multa: $5.520.
- Indemnización al Consejo de la Judicatura: $11.040.
- Devolución al Estado: $6.300.
La excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas fue condenada en julio de 2023 por su participación en delincuencia organizada. Se acogía a un procedimiento abreviado, lo que le permitió reducir su pena a cambio de cooperar con la Fiscalía.
¿Qué pasa si no paga la deuda?
Si Salazar no cumple con el pago, el Estado podría embargar sus bienes y, en caso de no poseerlos, declararla en insolvencia.
«El Estado tiene que proceder contra sus bienes, si están retenidos o con prohibición de enajenar, podría rematarlos para cobrarse la deuda», indicó Encalada.
¿Podrá abandonar el país tras recuperar su libertad?
A través de su abogado, Christian Marín, Salazar solicitó la devolución de sus documentos personales para poder movilizarse libremente. En el escrito presentado al tribunal, argumentó que la Constitución le garantiza el derecho a la libre movilidad.
Operativo de seguridad y su posible salida de Ecuador
El teniente coronel Andrés Medina, responsable del operativo de seguridad el día de su liberación, mencionó que se garantizará su protección «hasta el último punto de salida, porque la señora ha anunciado que va a salir del país».
Aunque Mayra Salazar no necesita pagar la indemnización para salir de prisión, esta sigue siendo una deuda pendiente con el Estado. Su posible salida de Ecuador también dependerá de si existen restricciones judiciales adicionales. El caso sigue en el ojo público, generando debate sobre las condiciones legales en condenas relacionadas con delincuencia organizada.
