La Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) solicitó al Concejo Cantonal de Guayaquil ejercer su rol de fiscalización frente al proyecto de ordenanza que define nuevas tarifas para el transporte público urbano. El gremio reiteró su rechazo a la propuesta municipal, al considerar que impone condiciones técnicas y operativas excesivas, además de un sistema de recaudación que, según afirman, no ha sido consensuado con el sector.
El pronunciamiento fue realizado este lunes 9 de febrero, cuando dirigentes del transporte expresaron su inconformidad por lo que califican como una falta de diálogo real con quienes operan el servicio a diario.
Críticas a los requisitos y al esquema de cobro
Ricardo Onofre, presidente de la Fetug, señaló que el proyecto incluye al menos trece exigencias para las unidades, entre ellas componentes tecnológicos y de control, que incidirían directamente en los costos de operación.
“Somos trabajadores que prestamos un servicio a la comunidad. Los concejales deben fiscalizar esta situación”, manifestó Onofre, al insistir en que el Concejo no puede limitarse a aprobar una ordenanza sin evaluar su impacto económico y legal.
La propuesta municipal plantea tarifas diferenciadas, que van desde USD 0,25 hasta USD 0,45, dependiendo del tipo de servicio y del cumplimiento de los requisitos establecidos.
Cómo se estructuran las tarifas propuestas
De acuerdo con el proyecto de ordenanza que regula el transporte público colectivo urbano de Guayaquil, se contemplan los siguientes valores:
- USD 0,45: tarifa ejecutiva para unidades que cumplan con todos los requisitos técnicos exigidos.
- USD 0,30: tarifa para las unidades que no se acojan a dichas condiciones.
- USD 0,25: tarifa del circuito exprés general.
- USD 0,35: tarifa intermedia para buses que incorporen aire acondicionado, wifi, bloqueo de puertas, conductores uniformados y sistema de recaudo electrónico.
Para la Fetug, este esquema genera desigualdad operativa y presiona al sector a aceptar un modelo que no ha sido debidamente discutido.
Cuestionamientos a la socialización del proyecto
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que la propuesta fue socializada entre el 2 y 3 de febrero con transportistas, concejales y ciudadanía. Sin embargo, el gremio asegura que no fue convocado formalmente a esos encuentros.
Onofre afirmó que el proceso no se ajustó a lo que establece la ley, y que la ausencia de los transportistas en dichas socializaciones resta legitimidad al proyecto. “No aceptamos el sistema de recaudación que pretende imponer la ATM”, enfatizó.
Postura del sector y advertencia de acciones legales
Desde la Fetug se insiste en que el sector está dispuesto a mejorar el servicio, pero dentro de un marco legal claro y sin imposiciones. Alberto Arias, dirigente del gremio, sostuvo que la propuesta alternativa de los transportistas es una tarifa plana de USD 0,40, sin sistema de recaudo electrónico obligatorio ni aire acondicionado.
Arias advirtió que, de mantenerse el proyecto en los términos actuales, el gremio recurrirá a instancias legales, incluyendo jueces constitucionales y la Corte Constitucional, además del propio Concejo Cantonal.
“Hemos trabajado durante décadas por el desarrollo de Guayaquil y exigimos que ese esfuerzo sea respetado”, señaló el dirigente.
Un debate que sigue abierto
El conflicto por las tarifas del transporte urbano vuelve a poner en el centro del debate la relación entre autoridades municipales y gremios de servicio público. Mientras el Municipio busca modernizar el sistema y regular el cobro, los transportistas reclaman participación efectiva, seguridad jurídica y viabilidad económica.
El futuro de la ordenanza dependerá ahora del análisis del Concejo Cantonal y de la capacidad de las partes para alcanzar consensos que no afecten ni a los usuarios ni a quienes sostienen el servicio de transporte en la ciudad.
