El proceso judicial por el Caso Plaga, que destapó una supuesta red de corrupción para beneficiar a criminales sentenciados, entra en una fase clave. El sábado 8 de marzo de 2025, el juez Edison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), retomará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio tras analizar los argumentos de la defensa y la Fiscalía.
¿Por qué se postergó la audiencia?
Inicialmente prevista para el 6 de marzo, la diligencia sufrió modificaciones luego de que uno de los procesados, José Tenempaguay, aceptara un procedimiento abreviado y fuera sentenciado a 44 meses de prisión. La defensa de otros acusados aprovechó la reanudación para alegar supuestas irregularidades en el proceso.
Las estrategias de la defensa: ¿nulas o justificadas?
Durante la audiencia, los abogados de varios procesados presentaron reclamos señalando que sus defendidos no tuvieron acceso a un debido proceso. Entre los principales argumentos destacan:
- Falta de notificación adecuada antes de los testimonios anticipados
- Limitaciones para ejercer la defensa de manera telemática
- Irregularidades en la vinculación de algunos acusados al caso
Los abogados pidieron que se anulen declaraciones clave que, según ellos, fueron obtenidas sin respetar el derecho a la defensa.
La respuesta de la Fiscalía: no hay fallas en el proceso
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, desestimó las acusaciones y aseguró que todas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) se realizaron dentro del marco legal.
Entre sus principales argumentos, destacó que:
- Los procesados tuvieron la oportunidad de objetar los testimonios en el momento adecuado.
- No existen fallos de competencia, ya que el caso es tratado por la Corte Nacional de Justicia.
- No hay sustento jurídico para las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa.
El Consejo de la Judicatura respaldó la postura de la Fiscalía y aseguró que no encontró irregularidades en el procedimiento.
El Caso Plaga: ¿de qué trata esta investigación?
Esta investigación involucra a 31 personas acusadas de haber manipulado el sistema judicial para conceder beneficios ilegales a presos sentenciados por delitos graves, como abuso sexual y homicidio.
Hasta el momento, la situación de los procesados es la siguiente:
✔ 16 ya fueron sentenciados mediante procedimientos abreviados.
✔ 2 recibieron beneficios por colaborar con la justicia.
✔ El resto aún enfrenta la fase judicial.
El próximo 8 de marzo, el juez Edison Cantos dará a conocer su decisión sobre los argumentos expuestos y definirá el futuro del caso.
